El conflicto limítrofe entre San Martín y Huánuco lleva años sin solución, lo que representa un problema para el desarrollo de la provincia de Tocache y sus distritos, debido a que no se pueden concretar inversiones públicas pues la controversia territorial no define a que región corresponde proveer el presupuesto que asigna el Estado para la ejecución de obras, subrayó el gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín.
La máxima autoridad regional subrayó esta situación durante su encuentro con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), citas a la cuales acudió con una delegación de autoridades y técnicos regionales a fin de solicitar se determine la zona en cuestión como territorio sanmartinense.
Al INEI solicitó la reconsideración de los códigos de ubigeo (divisiones territoriales del país) de las localidades de la provincia de Tocache como parte de la región San Martín, ya que el organismo estadístico considera esos territorios como parte de Huánuco. Entre la documentación adjunta para la argumentación en favor de San Martin está La Ley 24016 del 7 de diciembre de 1984 que establece la creación de la provincia de Tocache y que considera a sus localidades y a su territorio como provincia perteneciente al departamento de San Martín.
Luis Santa María, responsable del Área de Demarcación y Organización Territorial del Gobierno Regional de San Martín, precisó a los directivos del INEI que si bien esa organización no es un ente competente para la demarcación territorial, las instituciones públicas utilizan los limites generados por el INEI, netamente censales, porque en el Perú el 82% de límites no están saneados, situación que provoca este tipo de impasses.
Para San Martín sus límites están delimitados según lo declarado por la ley de la creación de la provincia de Tocache y que deja sin efecto los límites establecidos en la ley de creación de la provincia de Marañó, en Huánuco.
Por su parte, el alcalde de Tocache, Sister Valera, explicó que el problema limítrofe impide realizar proyectos de inversión pública. “Hay un problema tributario porque las localidades son consideradas de Huánuco y por lo tanto las autoridades municipales no pueden hacer uso del presupuesto de la región San Martín para obras públicas”, señaló.
German Bedoya, procurador público del Goresam, adelantó que se presentará, para la actualización de los registros del INEI, el informe técnico N°02.2016, emitido por la Dirección Nacional de Delimitación Territorial de la PCM, que aclara los linderos entre ambas regiones. Dicho informé también será emitido a otras entidades por la PCM para la correspondiente actualización. Además, se adjuntará documentación del proceso de amparo iniciado por Huánuco y que fuera declarado improcedente en marzo de este año en favor de San Martín.
En ese sentido, Dolly Gonzales, alcaldesa de Uchiza, reclamó que muchos caseríos donde se está gestionando proyectos de inversión pública referidos a educación, saneamiento básico, infraestructura vial y proyectos productivos, están siendo perjudicados porque varias instituciones niegan su apoyo debido al tema limítrofe.
La funcionaria también denunció que las localidades quieren pertenecer a Huánuco por los beneficios sociales que tiene esa región al ser esta calificada como zona de extrema pobreza. Agregó que de las 11 localidades inmersas en la zona de controversia, algunos de sus pobladores están haciendo cambio de domicilio a Huánuco para ser beneficiados por el programa Juntos, el cual les provee 125 soles mensuales.
Está problemática fue consultada al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que se comprometió a categorizar las zonas de extrema pobreza para que el corredor fronterizo sanmartinense también se vea beneficiado con los programas sociales.
