En la sala de audiencias de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, el Gobierno Regional de San Martín sustentó el pedido de derogatoria de tres resoluciones emitidas de forma ilegal por las autoridades de Huánuco, pretendiendo apoderarse de territorio sanmartinense. A la audiencia no se presentó ningún representante de Huánuco ni contestaron la demanda, dejando entrever que no tienen argumentos para defender su posición.
En representación de la región San Martín estuvo presente el Procurador Público Regional, Germán Bedoya, quien a pedido de la sala civil conformada por tres jueces superiores de Huánuco, explicó que según la Ley 24016, que crea la provincia de Tocache, ubicada en la frontera de San Martín con Huánuco, se define que es el río Fréjol el que divide ambos departamentos.
Sin embargo, el 2016 el Gobierno Regional de Huánuco emitió tres resoluciones dando condición de caserío a los centros poblados de Pampa Hermosa, San Juan de Dios y La Victoria, los mismos que se encuentran en territorio sanmartinense y el 2012 y 2013 el Gobierno Regional de San Martín ya los había ascendido a caseríos.
Por esta razón, el Gobierno Regional de San Martín solicitó que mediante una acción judicial llamada "Acción Popular", se declare ilegal e inconstitucional y se deroguen esas tres resoluciones emitidas por Huánuco.
El procurador del Goresam, Germán Bedoya, explicó que dentro de 10 días, según ley, tiene que haber una sentencia sobre el pedido de nulidad. De ser adverso el resultado para los intereses de San Martín, se recurrirá a la Corte Suprema. Sin embargo, Bedoya se mostró confiado en que esto no sucedería pues a San Martín lo asiste la ley y la norma.
Sobre el tema, el gobernador regional, Pedro Bogarín, dijo que se buscará la solución agotando todas las instancias que correspondan porque el conflicto limítrofe entre San Martín y Huánuco lleva años sin solución, lo que representa un problema para el desarrollo de la provincia de Tocache y sus distritos, pues no se pueden concretar inversiones públicas debido a la controversia territorial. No se define a que región corresponde proveer el presupuesto que asigna el Estado para la ejecución de obras.
